Antonio Aramayona. Profesor de filosofía y miembro de Europa Laica. Opinión
El martes pasado, el príncipe Felipe viajó a Gran Canaria para presidir el funeral de Estado por los dos militares fallecidos en Afganistán en un atentado. Y sí, fue un funeral, quizá incluso un funeral de Estado, pero fue también una ceremonia católica, que contradice el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.
En el espacio público de lo que en jerga castrense se denomina “Cuartel General”, con la asistencia de las primeras autoridades locales, comunitarias y algunas nacionales, el arzobispo castrense, Juan del Río Martín, ofició una ceremonia religiosa, misa y sermón incluidos, en la que el jerarca militar católico afirmó que “toda la sociedad española está con vosotros" (los familiares de los fallecidos), obviando de paso que ni mucho menos toda la sociedad española estaba con el obispo católico, ni él oficiaba aquellos ritos religiosos en representación de toda la sociedad.
La desidia y la pereza de los gobernantes de turno desde 1976 hasta hoy, el miedo de los grupos políticos a perder votos y la presión (chantaje) secular de las facciones ultracatólicas sobre los poderes públicos han conducido a que en 2011 siga sin haber ceremonias (en este caso, funerales) de Estado, aconfesionales y que sean reflejo de la pluralidad ideológica y cultural existentes en nuestro país.
Total, que con la bandera institucional hispana a media asta, con la ubicua ministra de Defensa, Carmen Chacón, al frente, ante las miradas de la cúpula militar y las autoridades canarias, y desde las preguntas y el recuerdo de los 1.500 militares españoles aún presentes en Afganistán, pudimos constatar por enésima vez que España sigue siendo, de hecho, un Estado confesional, un Estado católico, incluso más a menudo de lo que muchos quisiéramos un Estado nacionalcatólico.
Las ceremonias y actos de Estado han de ser aconfesionales, tal como declara la Constitución. Después, solo después, desde el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la libertad religiosa, cada uno es muy libre de celebrar los funerales que considere oportunos dentro del ámbito privado, familiar y social.
El príncipe Felipe, la ministra Chacón y el resto de las autoridades civiles y militares quizá estaban donde debían al presidir un funeral de Estado, pero mediante su apatía y displicencia institucionales hicieron que lo que allí hacían y allí representaban estuviese en flagrante contradicción con el artículo 16 de la Constitución española.
El martes pasado, el príncipe Felipe viajó a Gran Canaria para presidir el funeral de Estado por los dos militares fallecidos en Afganistán en un atentado. Y sí, fue un funeral, quizá incluso un funeral de Estado, pero fue también una ceremonia católica, que contradice el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.
